Por Carlos Lara Moreno
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su iniciativa de reforma electoral, defendida como un compromiso con la “voluntad popular”, pero el proyecto enfrenta contradicciones internas, evasivas sobre cifras reales y rechazo incluso de sus aliados –el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Aunque la mandataria afirma que la reforma aumentará la democracia obligando a todos los candidatos a buscar el voto directo, el contenido muestra un trasfondo parcialmente contradictorio: la propuesta mantiene la representación proporcional (200 diputados y 32 senadores) pero intenta que se elijan sin listas cerradas, con lo que presume que “todos van a dar la cara ante la ciudadanía”. 
El problema es que no existe consenso sobre esa transformación. PT y PVEM, partidos aliados, se han resistido a cambios que afectan sus prerrogativas y representación actual, al considerar que la eliminación de listas reduce su capacidad de competir y negociar espacios.
El gobierno ha decidido presentar igual la iniciativa, aun sin su apoyo. 
En discurso, Sheinbaum niega que busque un “partido único”. Sin embargo, la lógica de forzar la desaparición de designaciones internas de partidos termina debilitando justamente la pluralidad que los sistemas de representación proporcional fueron diseñados para preservar, permitiendo que minorías con bajo porcentaje sigan teniendo voz en el Congreso.
Ese objetivo fue central en las reformas democráticas de los años 80 y 90 para abrir el sistema político mexicano. 
Otro eje de la reforma es la reducción del gasto electoral –un recorte de 25 por ciento que incluye financiamiento de partidos, salarios y sueldos– con el argumento de que el sistema electoral mexicano es “de los más caros de América”.
La presidenta ha criticado que consejeros del INE ganen más que ella, pero no ha detallado cifras exhaustivas ni cómo se obtendrán ahorros reales, más allá de esa comparación retórica. 
El proyecto también promociona mayor fiscalización y regulación de campañas con inteligencia artificial, prohibición de aportaciones en efectivo y acceso de la autoridad electoral a operaciones financieras de partidos; medidas que sí responden a demandas de transparencia. 
Pese a que Sheinbaum asegura que la reforma busca concretar un mandato ciudadano, la ausencia de acuerdos con aliados y la falta de explicaciones claras sobre impactos concretos de los cambios en representación proporcional y en la estructura del INE ponen en evidencia tensiones entre el discurso y la viabilidad política del proyecto.
La reforma, por ahora, está lejos de reflejar consenso y podría reconfigurar más fuertemente el poder del Ejecutivo y de las mayorías legislativas en detrimento de contrapesos institucionales y pluralidad política.
